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Vida Sacerdotal - Documentos de otras fuentes

Preámbulo

El 14 de junio de 2002, la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos aprobó un . El estatuto trata de la comisión de la Iglesia para tratar apropiadamente y con eficacia los casos de abuso sexual de menores de edad por sacerdotes, diáconos, y otro personal de la Iglesia (es decir, empleados y voluntarios). Los obispos de los Estados Unidos han prometido satisfacer a los que han sido víctimas de abuso sexual siendo menores de edad por cualquier persona que servía a la Iglesia con su ministerio, su trabajo o voluntariamente, tanto si el abuso sexual era reciente como si ocurrió hace muchos años. Han indicado que estarían tan abiertos como sea posible con la gente en parroquias y comunidades acerca de casos de abuso sexual de menores de edad, con respeto siempre por la intimidad y la reputación de los individuos implicados. Han procurado atender el cuidado pastoral y espiritual y el bienestar emocional de las víctimas de abuso sexual y de sus familias.

Además, los obispos trabajarán con los padres, las autoridades civiles, los educadores, y las diversas organizaciones de la sociedad para crear y mantener el ambiente más seguro para los menores de edad. De la misma manera, los obispos han prometido evaluar la condición de aspirantes al seminario así como todo el personal de la Iglesia que tiene responsabilidad del cuidado y de la supervisión de niños y jóvenes.

Por lo tanto, para asegurarse de que cada diócesis/eparquía en los Estados Unidos de América tenga preparados procedimientos para responder puntualmente a todas las acusaciones de abuso sexual de menores de edad, la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos decreta estas normas para las políticas de diocesanas/eparquiales que se refieren a acusaciones de abuso sexual de menores de edad de los sacerdotes o de los diáconos diocesanos y religiosos. (1) Estas normas son complementarias a la ley universal de la Iglesia, que tradicionalmente ha considerado el abuso sexual de menores de edad un delito grave y castiga al delincuente con penas, sin excluir el despido del estado clerical si el caso lo requiere.

El abuso sexual de un menor de edad incluye el molestar sexualmente o la explotación sexual del menor de edad y cualquier otro comportamiento por medio del cual un adulto utiliza al menor de edad como objeto de satisfacción sexual. El abuso sexual ha sido definido por diversas autoridades civiles de varias maneras, y estas normas no adoptan ninguna definición particular proporcionada por la ley civil. Además, las transgresiones en asuntos que se refieren a las obligaciones que proceden de mandamientos divinos con respecto a la interacción sexual humana según lo que nos manda el sexto mandamiento del Decálogo. Así, la norma que se considerará en la determinación de una acusación del abuso sexual de un menor de edad es si la conducta o la interacción con un menor de edad se califica como violación externa, objetivamente grave del sexto mandamiento (USCCB, Delitos canónicos que implican mala conducta sexual y dimisión del estado clerical , 1995, p. 6). Una ofensa canónica contra el sexto mandamiento del Decálogo (CIC, c. 1395 §2; CCEO, c. 1453 §1) no necesita ser un acto completo de la cópula. Ni, para ser objetivamente grave, necesita el acto implicar la fuerza, el contacto físico, o un resultado dañoso perceptible. Por otra parte, "la imputabilidad [ responsabilidad moral ] para una ofensa canónica se presume sobre la violación externa... a menos que sea de otra manera evidente" (CIC, c. 1321 §3; CCEO, c. 1414 §2). Cf. CIC, Canon 1322-27, y CCEO, Canon 1413, 1415, y 1416.(2)

Normas

1. Habiendo recibido la recognitio de la Sede Apostólica el 8 de diciembre de 2002, y siendo legítimamente promulgadas de acuerdo con la práctica de esta conferencia episcopal el 12 de diciembre de 2002, estas normas constituyen la ley particular para todas las diócesis/eparquías de los Estados Unidos de América. (3) Dos años después de que la recognitio se ha recibido, estas normas serán evaluadas por la asamblea plenaria de la conferencia de Estados Unidos de obispos católicos.

2. Cada diócesis/eparquía aprobará por escrito una política acerca del abuso sexual de menores de edad por parte de los sacerdotes y de diáconos, así como por el resto del personal de la Iglesia. Esta política complementará plenamente, y especificará más detalladamente, los pasos que se habrán de tomar para poner en ejecución los requisitos del derecho canónico, particularmente los cánones 1717-1719 del CIC, y los cánones 1468-1470 del CCEO. Una copia de esta política será archivada en la conferencia de los obispos católicos de los Estados Unidos en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de estas normas. Las copias de cualquier eventual revisión de la política escrita de las diócesis/eparquías deben también ser archivadas en la conferencia de los obispos católicos de los Estados Unidos en el plazo de tres meses de tales modificaciones.

3. Cada diócesis/eparquía señalará una persona competente que coordine la asistencia para el cuidado pastoral inmediato de las personas que afirman que han sufrido abuso sexual siendo menores de edad por parte de sacerdotes o diáconos.

4. Para asistir a obispos de diócesis/eparquías, cada diócesis/eparquía tendrá también un comité examinador que opere como un órgano consultivo confidencial del obispo/eparca al declarar sus responsabilidades. Las funciones de este comité pueden incluir

A. aconsejar al obispo/eparca diocesano en su declaración de acusaciones de abuso sexual de menores de edad y en su determinación de la conveniencia para el ministerio;

B. repaso de las políticas de diocesana/eparquial que se refieren al abuso sexual de menores de edad; y

C. ofrecimiento de consejo sobre todos los aspectos de estos casos, tanto en sentido retrospectivo como en el futuro.

5. Compondrán el comité examinador, establecido por el obispo diocesano/eparquial, al menos cinco personas de probada integridad y buen juicio en plena comunión lleno con la Iglesia. La mayoría de los miembros del comité examinador serán laicos que no estén empleados por la diócesis/eparquía; pero al menos un miembro debe ser un sacerdote que sea un pastor experimentado y respetado de la diócesis/eparquía en cuestión, y al menos un miembro debe tener experiencia particular en el tratamiento del abuso sexual de menores de edad. Los miembros serán designados por un término de cinco años renovables. Es deseable que el promotor de justicia participe en las reuniones del comité examinador.

6. Cuando se recibe una acusación de abuso sexual de un menor de edad por un sacerdote o diácono, se iniciará una investigación preliminar en armonía con el derecho canónico y se dirigirá puntualmente y con objetividad (CIC, c. 1717; CCEO, c. 1468). Se tomarán todas las medidas apropiadas para proteger la reputación del acusado durante la investigación. Se aconsejará al acusado que procure la ayuda de consejeros civiles y canónicos y le serán notificados puntualmente los resultados de la investigación. Cuando haya suficiente evidencia de que ha ocurrido un abuso sexual de un menor de edad, se notificará a la Congregación para la doctrina de la fe. El obispo/eparca aplicará entonces las medidas preventivas mencionadas en el CIC, Canon 1722, o CCEO, Canon 1473 es decir, la remoción del acusado del ministerio sagrado o de cualquier oficio o función eclesiástico, la imposición o prohibición de la residencia en un lugar o un territorio determinado, y la prohibición de la participación pública en la Santísima Eucaristía hasta que finalice el resultado del proceso.

7. Se puede requerir al acusado que busque, y se le puede urgir para que voluntariamente acceda, una evaluación médica y psicologica apropiada en una modalidad mutuamente aceptable a la diócesis/eparquía y al acusado.

8. Cuando se admite o se establece incluso un acto único de abuso sexual por un sacerdote o diácono después de un proceso apropiado en acorde con el derecho canónico, el sacerdote o el diácono que lo ha cometido será removido permanentemente del ministerio eclesiástico, sin excluir el despido del estado clerical, si el caso lo requiere (CIC, c. 1395 §2; CCEO, c. 1453 §1). (4)

A. En cada caso que implica penas canónicas, deben ser observados los procesos previstos en el derecho canónico, y deben ser respetadas las diversas previsiones del derecho canónico (cf. Delitos canónicos sexuales que implican la mala conducta y el despido del estado clerical, 1995; Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de 18 de mayo de 2001). A menos que la congregación para la doctrina de la fe, siendo notificada, avoque el caso a sí misma debido a circunstancias especiales, dirigirá el procedimiento el obispo/eparca diocesano (artículo 13, Normas procesales para aplicar el Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, AAS, 93, 2001, p. 787). Si el caso se hubiera extinguido por prescripción, dado que el abuso sexual de un menor de edad es una ofensa grave, el obispo/eparca solicitará a la Congregación para la Doctrina de la Fe una dispensa de la prescripción, indicando razones pastorales apropiadas. Para llevar un proceso justo, se aconseja al acusado que procure la ayuda de consejeros civiles y canónicos. Cuando sea necesario, la diócesis/eparquía proveerá consejeros canónicos a un sacerdote. Las provisiones del CIC, canon 1722, o de CCEO, canon 1473, se pondrán en ejecución durante la pendencia del proceso penal.

B. Si la pena del remoción del estado clerical no se ha aplicado (p. ej., por razones de la edad o de enfermedad avanzada), el delincuente deberá conducir una vida de oración y penitencia. No se le permitirá celebrar la Misa públicamente o administrar los sacramentos. Se le ordenará no usar el traje clerical, o presentarse públicamente como sacerdote.

9. En todo momento el obispo/eparca diocesano tiene la potestad ejecutiva de gobierno, a través de un acto administrativo, de remover a un clérigo ofensor de su oficio, de suprimir o restringir sus facultades, y de limitar su ejercicio del ministerio sacerdotal. (5) Dado que el abuso sexual de un menor de edad por un clérigo es un delito en la ley universal de la Iglesia (CIC, c. 1395 § 2; CCEO, c. 1453 § 1) y es un crimen en todas las jurisdicciones en los Estados Unidos, por razones del bien común y observando las previsiones del derecho canónico, el obispo/eparca diocesano usará su potestad de gobierno para asegurarse de que ningún sacerdote que haya cometido incluso un sólo acto de abuso sexual de un menor de edad según lo descrito arriba no continúe en el ministerio activo. (6)

10. El sacerdote o el diácono puede solicitar en cualquier momento una dispensa de las obligaciones del estado clerical. En casos excepcionales, el obispo/eparca puede solicitar del Santo Padre la dimisión del sacerdote o diácono ex officio del estado clerical, incluso sin el consentimiento del sacerdote o del diácono.

11. La diócesis/eparquía cumplirá todas las leyes civiles aplicables que se refieren a la declaración a autoridades civiles de acusaciones de abuso sexual de menores y cooperarán en su investigación. En cualquier instancia, la diócesis/eparquía advertirá y apoyará el derecho de la persona de hacer una declaración a las autoridades públicas.(7)

12. Ningún sacerdote o diácono que ha cometido un acto de abuso sexual de un menor puede ser trasladado de un encargo ministerial a otra diócesis/eparquía o provincia religiosa. Antes de que un sacerdote o diácono pueda trasladar su residencia a otra diócesis/eparquía o provincia religiosa, su obispo/eparca u ordinario religioso facilitará, de modo confidencial, al obispo/eparca local y ordinario religioso (en su caso) del lugar propuesto de residencia cualquier información que se refiera a cualquier acto de abuso sexual de un menor, así como cualquier otra información que indique si ha sido o pudiera ser un peligro para los niños o jóvenes. Esto se aplicará incluso si el sacerdote o diácono residirá en la comunidad local de un instituto de vida consagrada o de una sociedad de vida apostólica (o, en las Iglesias Orientales, como monje u otro religioso, en una sociedad de vida en común al modo de los religiosos, en un instituto secular, o en otra forma de vida consagrada o vida apostólica). Cada obispo/eparca que reciba a un sacerdote o diácono de otra jurisdicción obtendrá la necesaria información referente a cualquier acto pasado de abuso sexual de un menor por el sacerdote o diácono en cuestión.

13. Se tendrá cuidado de proteger los derechos de todas las partes implicadas, particularmente los de las personas que aleguen que han sufrido abuso sexual y de la persona contra la que se dirige la acusación. Cuando se ha probado que una acusación es infundada, se adoptará cualquier paso para restaurar el buen nombre de la persona falsamente acusada.

Notas

1 Al aplicar estas Normas a sacerdotes y diáconos religiosos, el término “ordinario religioso” se sustituirá por el término "obispo/eparca " mutatis mutandis.

2 Si existe alguna duda de si un acto específico debe ser calificado como una violación externa y objetivamente grave, se consultarán los escritos de reconocidos teólogos morales y se obtendrán opiniones de reconocidos expertos (Delitos Canónicos , p. 6). En ultimo caso, es responsabilidad del obispo/eparca con el consejo de un comité asesor cualificado, de determinar la gravedad del acto del que se le ha acusado.

3 Debe hacerse una referencia adecuada a la autoridad legislativa propia de cada Iglesia Católica Oriental.

4 Se requiere la remoción del ministerio si al clérigo se le diagnostica por expertos cualificados como pedófilo o que sufre algún desorden sexual que requiera tratamiento profesional.

5 Cf. CIC, cc. 35-58, 149, 157, 187-189, 192-195, 277 § 3, 381 § 1, 383, 391, 1348, y 1740-1747. Cf. también CCEO, cc. 1510 § 1 y 2, 1 ° -2 ° , 1511, 1512 §§ 1-2, 1513 §§ 2-3 y 5, 1514-1516, 1517 § 1, 1518, 1519 § 2, 1520 §§ 1-3, 1521, 1522 § 1, 1523-1526, 940, 946, 967-971, 974-977, 374, 178, 192 §§ 1-3, 193 § 2, 191, 1389-1396.

6 El obispo/eparca diocesano puede ejercer su potestad ejecutiva de gobierno para adoptar una o más de las siguientes actuaciones administrativas (CIC, cc. 381, 129; CCEO, cc. 178, 979):

a. Puede requerir al acusado que cese libremente de cualquier oficio eclesiástico (CIC, cc. 187-189; CCEO, cc. 967-971).

b. Si el acusado declina la invitación a cesar y si el obispo/eparca juzga que el acusado verdaderamente no es idóneo (CIC, c. 149 §1; CCEO, c. 940) en ese momento de asumir un oficio que se le ha conferido libremente anteriormente (CIC, c. 157), entonces puede remover a esa persona de su oficio observando los procedimientos canónicos previstos (CIC, cc. 192-195, 1740-1747; CCEO, cc. 974-977, 1389-1396).

7 La necesaria observancia de las normas canónicas internas de la Iglesia no se entiende de ningún modo un medio de obstaculizar el curso de ninguna acción civil que pueda ponerse en marcha. Al mismo tiempo, la Iglesia reafirma su derecho a aprobar legislación dirigida a todos sus miembros que se refiera a la dimensión eclesiástica del delito de abuso sexual de menores.

Publicadas el 17 de diciembre de 2002

Documento relacionado: Estatutos Para La Protección de Niños y Jóvenes.

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